Mostrando entradas con la etiqueta LA SUSPENSIÓN DE SIETE CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA EN 1898. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta LA SUSPENSIÓN DE SIETE CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA EN 1898. Mostrar todas las entradas

sábado, 15 de agosto de 2020

LA SUSPENSIÓN DE SIETE CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA EN 1898

Artículo publicado en el periódico La Higuerita de 15-8-2020

Pendón Consistorial del Ayuntamiento de Isla Cristina 


Ahora que tanto se escribe y se habla de corrupción, de malversación de los dineros públicos y se pone en entredicho el Estado de Derecho, la Democracia y el Poder Judicial, traigo a esta sección un suceso acaecido en nuestra localidad por irregularidades en la contabilidad del Consistorio Municipal a finales del siglo XIX,  y que fueron  denunciados por cuatro concejales del consistorio; Diego Zarandieta Roselló, Juan Zamorano Columé, Andrés Soldevila Cortés y Serafín Zarandieta Casanova,  quienes interpusieron la correspondiente denuncia ante el Gobernador Civil de Huelva.

Abierta una investigación, y tras la examinación de las cuentas, Ruiz y Capdepón, Gobernador Civil de Huelva remitió a la sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el 23 de septiembre de 1898 el informe con el expediente relativo a la suspensión de siete concejales del Ayuntamiento de Isla Cristina, decretada el 27 de agosto.  El Gobernador de Huelva, en vista del expediente, acordó la suspensión de los siete Concejales1; Lorenzo Pascual y Grao, Juan Martín Cabet, Roque Mirabent Barcia, Ruperto García de Vinuesa Garganta, Miguel Cordero Toscano, Antonio Mantell Ramírez y Emilio Martín Bogarin, quienes aparecían como responsables de las faltas comprobadas. Dos días después, el 29 de agosto, el pleno se reunía en sesión extraordinaria, donde algunos de los concejales declararon “que estuvieron ausentes durante tres meses, cuando se formuló la correspondiente denuncia,  y culpaban de toda responsabilidad al alcalde así como que aceptaban la decisión,  pero protestaban por desconocer los cargos”. El mismo pleno aprobaba una Comisión de Investigación por malversación de caudales públicos y cesaba como secretario a Domingo Ercilla y Valverde.

El dictamen por Real Orden publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio,  habiéndose examinado el expediente relativo dio como resultado según los antecedentes, que en virtud de denuncia presentada ante el Gobernador expresado por cuatro concejales del Ayuntamiento de Isla Cristina sobre irregularidades de la administración municipal, el Gobernador de Huelva dispuso en 1º de julio que el alcalde, Depositario y el Secretario de la Corporación se personaran en la oficinas de aquel Gobierno con los documentos y libros que se les ordenaba, para proceder al examen de los mismos y  que llevada a cabo la inspección de la misma, apareció, entre otros particulares, que no se llevaba  el libro Diario de gastos en ingresos, y el Auxiliar se separa en su forma de los modelos oficiales publicados al efecto; que las existencias en Caja al cerrarse el ejercicio de 1896 a 1897 no se habían llevado a los libros borradores de 1897 a 98, y  que algunos documentos de contabilidad no aparecían autorizados por los funcionarios encargados de este servicio, sino por persona extraña a los mismos; que el Alcalde facilitó recibos de los ingresos del presupuesto sin que los fondos fueran ingresados en el arca de tres llaves y que no se habían remitido los extractos de las sesiones para su publicación en el Boletín Oficial, también  que por atenciones de primera enseñanza se adeudaban cantidades de relativa consideración y que en los gastos de Beneficencia,  se había cometido un exceso en el gasto de 502,35 pesetas sobre el crédito presupuestado para  el año 1897 a 98, finalizando, que en la Caja existía menor cantidad de la que debiera, y que no se justificaba que se hubiera satisfecho a la Hacienda los descuentos de haberes y el 1 por 100 sobre pagos en los años 1896 a 97 y 1897 a 98.

Dada después audiencia en el expediente a los Concejales suspensos, estos dejaron transcurrir el plazo concedido al efecto, sin hacer uso de su derecho. Con posterioridad se unieron al expediente distintas certificaciones, de las que, entre otros particulares, se demostraron que en los libros de las actas de sesiones del Ayuntamiento y Junta Municipal no se llevaban con el timbre o el sello debido.
Por todo ello, la  Subsecretaría del Ministerio  procedió a confirmar la providencia citada del Gobernador de Huelva; y en cuanto a la suspensión del Alcalde de su cargo, se devolvió el expediente al Gobernador de la provincia a fin de que, con toda urgencia, instruyera, con audiencia del interesado, y remitiera al Ministerio para su resolución definitiva el oportuno expediente de separación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 189 de ley municipal.

Considerando que los cargos  extractados revestían gravedad, y que de ellos eran responsables los individuos que conformaban el  Ayuntamiento, salvo los cuatro que suscribieron el escrito de denuncia, y quedaron exentos de responsabilidad,  y comprobado que alguno de los hechos que del mismo resultantes, revestían,  al parecer, caracteres de delito: La sección procedió a confirmar la suspensión impuesta por el Gobernador de Huelva, y  pasar los antecedentes con el preinserto dictamen a los Tribunales por  Real Orden de  S.M. el Rey,  y en su nombre la Reina Regente del Reino, María Cristina de Habsburgo.

El Gobernador nombró al efecto un nuevo ayuntamiento con carácter interino: Manuel Pérez Mirabent, Juan Bautista Rubio Santamaría, Juan Custodio Columé, Francisco Álvarez Andrades, Juan Pedro Noya Valdés, Fidel Cabet Zamorano, Narciso Serrano Yaque, Adolfo Romero Gutiérrez y a Diego Pérez Milá, este último no llegó a tomar posesión saliendo elegido alcalde Juan Zamorano Columé y como secretario entrante José Soler Barcia.

Como hemos podido comprobar, la suspensión de los concejales fue ejecutada,  pero desconocemos cual fue el resultado del dictamen de los Tribunales ante el delito por el que se les acusaban. Al parecer, estos periodos fueron muy inestables y con periodos con diferentes alcaldes2: Bruno Zarandieta Mirabent, desde el 1 de julio de 1895 al 1 de julio de 1897. Serafín Zarandieta Casanova, del 1 de julio de 1897 hasta su dimisión el 1 de febrero de 1898.  Lorenzo Pascual Grao,  tras la reestructuración municipal quedó investido el 4 de febrero de 1898, siendo nuevamente elegido el 3 de abril de 1898 hasta que el 31 de agosto de 1898,  en el que el Gobernador Civil lo cesa,   siendo nombrado  Alcalde-Presidente Juan Zamorano Columé.

La Gaceta de Madrid,  2 de octubre de 1898, núm. 275
1.- Acta de la sesión extraordinaria 29 de Agosto de 1898. Archivo Municipal, Ayuntamiento de Isla Cristina.
2.- Diccionario de regidores isleños II. Boletín de Estudios Históricos y Locales,  El Laúd, Núm. 4.   P. Figuereo Agustín